El Servicio de Administración Tributaria ha implementado una serie de controles reforzados sobre la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que están generando preocupación entre empresarios y contadores de todo el país. Los nuevos lineamientos, que entraron en vigor desde el inicio de 2026, representan el cambio más significativo en la regulación fiscal de los últimos años.
Las modificaciones incluyen la reducción drástica de los plazos para la cancelación de facturas, pasando de 72 horas a solamente 24 horas en la mayoría de los casos. Esta medida busca combatir el uso indebido de CFDI, pero está causando complicaciones operativas importantes para las empresas que trabajan con clientes corporativos que requieren aprobaciones internas antes de aceptar cancelaciones.
Lo más preocupante para los contribuyentes es que el SAT ahora tiene la facultad de suspender de manera inmediata los certificados de sello digital cuando detecte inconsistencias o errores recurrentes en la facturación. Esta suspensión puede ocurrir sin previo aviso y paraliza completamente la capacidad de una empresa para emitir facturas, lo que equivale a detener todas sus operaciones comerciales.
Los errores más comunes que están provocando estas suspensiones incluyen discrepancias en el RFC de clientes, uso incorrecto de claves de productos y servicios del catálogo del SAT, errores en la forma de pago declarada, y inconsistencias entre el método de pago y la forma de pago registrada en el CFDI. Incluso errores aparentemente menores pueden acumularse y desencadenar una revisión automática del sistema.
Las empresas que dependen de la facturación electrónica para realizar transacciones comerciales enfrentan ahora un riesgo operativo sin precedentes. La suspensión del certificado digital no solo impide facturar nuevas operaciones, sino que también complica la relación con clientes que requieren comprobantes fiscales para deducir sus gastos.
Expertos fiscales recomiendan a las empresas realizar auditorías preventivas de sus procesos de facturación, capacitar exhaustivamente al personal encargado de emitir CFDI, implementar sistemas de validación automática antes de timbrar cualquier factura, y mantener actualizada la base de datos de clientes con RFC verificados. Además, es fundamental contar con un plan de contingencia para solicitar la reactivación inmediata del certificado en caso de suspensión.
El SAT ha introducido también nuevas validaciones automáticas que se ejecutan en tiempo real al momento de timbrar un CFDI. Estas validaciones verifican la congruencia entre los datos del emisor y receptor, la correcta aplicación de impuestos según el tipo de operación, la vigencia y validez del certificado de sello digital, y el cumplimiento de requisitos específicos para complementos como el de nómina o el de pagos.
Las empresas deben entender que el nuevo esquema de control del SAT no es temporal, sino que representa una transformación permanente en la forma en que la autoridad fiscal supervisa las operaciones comerciales. Aquellas organizaciones que no adapten sus procesos y sistemas a estos nuevos requerimientos enfrentarán no solo el riesgo de suspensión de certificados, sino también posibles auditorías más exhaustivas y sanciones económicas significativas.
La modernización del sistema fiscal mexicano busca reducir la evasión y mejorar la recaudación, pero también exige que los contribuyentes eleven sus estándares de cumplimiento y precisión en la documentación fiscal. Las empresas que inviertan en tecnología y capacitación para adaptarse a estos cambios no solo evitarán sanciones, sino que también podrán operar con mayor eficiencia y confianza en sus procesos administrativos.