El Servicio de Administración Tributaria ha publicado oficialmente los criterios y procedimientos que aplicará para las auditorías fiscales durante 2026, en un esfuerzo por transparentar el proceso de fiscalización y brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes mexicanos. Esta iniciativa representa un cambio significativo en la estrategia de la autoridad fiscal, que busca mejorar su relación con los pagadores de impuestos.
La autoridad fiscal ha dejado claro que las auditorías se concentrarán principalmente en contribuyentes que presenten discrepancias significativas entre sus ingresos declarados y su capacidad económica demostrada, empresas que reporten pérdidas fiscales consecutivas durante varios ejercicios sin justificación aparente, personas físicas y morales con aumentos patrimoniales desproporcionados respecto a sus ingresos acumulables, y negocios que operen en sectores de alto riesgo de evasión fiscal.
El SAT ha identificado varios sectores económicos que estarán bajo supervisión especial durante este año. El comercio al por menor, particularmente negocios que manejan grandes volúmenes de efectivo, será uno de los principales focos de atención. La industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario, donde históricamente se han detectado irregularidades significativas, también enfrentará mayor escrutinio.
Los servicios profesionales independientes, como consultorías y asesorías, estarán en la mira especialmente cuando presenten deducciones inusuales o desproporcionadas. El comercio electrónico y plataformas digitales representan un área emergente de fiscalización, donde el SAT está desarrollando nuevas capacidades de supervisión. Finalmente, las empresas de transporte y logística, particularmente aquellas que emiten grandes volúmenes de CFDI, serán objeto de revisiones más frecuentes.
Una de las novedades más importantes es el compromiso del SAT de notificar por anticipado a los contribuyentes seleccionados para auditoría, proporcionando un plazo razonable para preparar la documentación requerida. El organismo ha establecido plazos claros para cada etapa del proceso de revisión y se compromete a cumplirlos estrictamente.
Los contribuyentes tendrán derecho a conocer específicamente qué aspectos de su situación fiscal serán revisados, recibirán explicaciones detalladas sobre cualquier observación o discrepancia detectada, y contarán con oportunidad de presentar aclaraciones y documentación adicional antes de cualquier determinación final. Además, todas las comunicaciones oficiales se realizarán a través del buzón tributario, garantizando un registro formal y accesible del proceso.
Los expertos fiscales aconsejan a empresas y personas físicas mantener una contabilidad ordenada y actualizada en todo momento, conservar toda la documentación comprobatoria de ingresos, gastos e inversiones durante el plazo legal establecido, y asegurarse de que las deducciones fiscales estén debidamente justificadas y cumplan con todos los requisitos legales. Es fundamental declarar correctamente todos los ingresos, independientemente de su fuente u origen.
También se recomienda atender de inmediato cualquier notificación o requerimiento del SAT, sin dejar pasar los plazos establecidos. Considerar la asesoría de un contador público certificado o especialista en temas fiscales puede ser invaluable, especialmente para contribuyentes con operaciones complejas o que operan en los sectores identificados como de alto riesgo.
El SAT ha enfatizado que el objetivo de estas auditorías no es recaudatorio punitivo, sino garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promover una cultura de legalidad tributaria. Los contribuyentes que mantengan sus asuntos fiscales en orden y respondan cooperativamente a los requerimientos de información no deberían temer a estos procesos de revisión.
La transparencia en los criterios de selección y en los procedimientos de auditoría representa un avance significativo hacia un sistema fiscal más justo y predecible, donde los contribuyentes comprenden claramente qué se espera de ellos y cómo serán evaluados. Este enfoque busca reducir la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y fortalecer la confianza entre la autoridad tributaria y los pagadores de impuestos.